Fernando Vargas, socio fundador de Adexco Abogados, celebra los avances que ha tenido Chile como pionero en materia de acuerdos comerciales, pero advierte que aún existe una deuda histórica en el rubro, que es modernizar la normativa y aunar de mejor manera la institucionalidad.
Actualmente Chile es uno de los países con mayor número de acuerdos comerciales a nivel mundial -26 tratados internacionales vigentes-, lo que le da acceso preferencial a aproximadamente el 90% del mercado global de bienes y servicios. Sin embargo, el sector mantiene una antigua aspiración que es modernizar su normativa y “tratar de racionalizar o aunar de la mejor manera su institucionalidad para volverlo más competitivo”, explica Fernando Vargas, ex director del Sistema Integrado de Comercio Exterior de Chile (SICEX) y socio fundador de Adexco Abogados.
“Chile ha sido pionero en apertura comercial con otras naciones, y de alguna forma visionario, porque el PIB depende en un 60% de su comercio exterior, lo que está muy relacionado con la superación de la pobreza” sostiene Vargas, pero advierte que “esta ventaja comparativa en unos años más va a ser la regla común para los otros países, entonces ese es el desafío que tenemos como país, ya dimos el primer paso y el más importante, que es abrir nuestro mercado y tener una economía abierta, pero hoy en día la pregunta es cómo vamos a competir con otras economías que también se estén abriendo al mundo”.
En ese sentido, plantea que es necesario modernizar la normativa interna del país en materia de comercio exterior: “Por ejemplo la Ley del Servicio Nacional de Aduanas data del año 1979 y ahí hay mucho que hacer. También si se podrían hacer algunas innovaciones en cuanto a la estructura misma de los servicios públicos, digitalizar los servicios y perfeccionar aún más a estos servidores públicos para que puedan trabajar a través de plataformas en línea porque son mucho más eficientes”.
Lo anterior -agrega Vargas- es una antigua aspiración del comercio exterior en Chile, “En nuestro país tenemos aproximadamente 15 servicios públicos relacionados con el comercio exterior aparte de Aduanas, el SAG y Sernapesca, hay servicios públicos tan lejanos a estos pero que también están relacionados como Archivos y Museos para las ferias de libros, o cuando se quiere importar material radioactivo, también hay una agencia nuclear que ve esos temas en Chile, etc. Todos esos servicios tienen que dar el visto bueno y autorizaciones para que entren ciertos productos”.
Estos servicios públicos a la vez dependen de diversos ministerios como el de Hacienda, Economía, Relaciones Exteriores y Agricultura, que van creando sus propias normativas, a través de resoluciones o decretos. “Por lo tanto la dispersión de la normativa es una telaraña casi inexpugnable para muchas personas, y buscar la norma fuente para tener conocimiento de estas cosas se hace muy difícil”, explica el experto en derecho.
Es por eso que en 2014, con la intensión de fundar un estudio de abogados de nicho y ante la falta de conocimiento en materia normativa por parte de las empresas del rubro, Vargas creó Adexco Abogados, firma especialista en asesorías legales enfocadas al comercio exterior, al derecho aduanero, tributario, delitos aduaneros como el contrabando, derecho administrativo, asuntos corporativos vinculados al derecho societario y contratos en general, entre otros servicios.
DIVULGACIÓN DE LA NORMATIVA
“Hay pocos profesionales que abordan el comercio exterior desde el punto de vista del derecho, que tengan una expertise suficiente como para solucionar problemas que se dan día a día en el rubro. Teniendo eso como horizonte, me propuse en aquella época generar una oficina dedicada a materias internacionales, aplicación de tratados internacionales, relación entre el particular y las autoridades aduaneras, y especialmente orientado a empresas exportadoras e importadoras desde el punto de vista corporativo”, manifiesta el abogado.
Así, uno de sus objetivos es contribuir a la divulgación de las normativas en comercio exterior, ya que ve un desconocimiento de herramientas, instrumentos y franquicias que la propia normativa ofrece, pero que no son conocidas.
“Para abrirse a otros mercados se tiene que conocer la normativa no solo nacional, sino también los requisitos para entrar a otros países, y de lo que son los delitos aduaneros, que es muy fácil caer en delitos de contrabando, o cometer infracciones aduaneras que finalmente tiene una significación importante dentro de los costos de una empresa”, apunta Vargas.
Comenta que si bien lo ideal sería que las empresas acudieran a expertos para preparar su negocio internacional, -como por ejemplo tener conocimiento respecto del encadenamiento de negocios para que mercancías que no son completamente de origen chileno obtengan origen chileno, o para consultar sobre temas de importación y exportación desde el punto de vista tributario, esto “desgraciadamente ocurre muy poco, y por lo general las compañías recurren a asesorías cuando ya tienen problemas como retención de mercancía, incumplimiento de pagos de clientes internacionales, o infracción aduanera, comisión de delitos aduaneros, etc.”
MODERNIZACIÓN DEL ESTADO
Respecto a la modernización del comercio exterior, aclara que “no tiene que ver con cambiar un computador, eso es un up grade tecnológico. La modernización del Estado tiene que necesariamente estar en relación a la normativa, todavía se exige el papel físico o tienes sistemas que son incompatibles entre sí. Hay que hacer cambios regulatorios para que los procesos aduaneros puedan ser realmente digitales y podamos obtener certificados de origen electrónicos, -que se está trabajando en eso-, o por ejemplo el despacho aduanero, donde hoy el agente de aduanas tiene que tener la carpeta física y archivarla por 5 años en papel”.
No obstante, Vargas se muestra optimista y a la espera de que en algún momento la carpeta de tramitación sea 100% electrónica y que exista un repositorio digital de todos los documentos para que así, tanto el importador como el exportador, tenga acceso a ella frente a cualquier problema u auditoria que solicite la autoridad aduanera.
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